Fracking en Colombia: una discusión sobre energía, inversión y seguridad jurídica

Durante décadas, el sector minero-energético ha sido uno de los principales motores de la
economía colombiana. Sin embargo, las señales sobre el futuro energético del país son
cada vez más preocupantes. De acuerdo con el Informe de Reservas y Recursos de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos publicado el 23 de junio de 2026, las reservas de gas
natural continúan disminuyendo y la capacidad de reposición de recursos no ha logrado
compensar el ritmo de consumo.

La situación es particularmente relevante en materia de gas natural. Mientras que
Colombia fue durante años un país autosuficiente en este recurso, hoy debe recurrir a
importaciones para atender una porción significativa de la demanda nacional. Según cifras
divulgadas por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, las reservas de gas se
redujeron en más de un 50% entre 2018 y 2025, lo que ha reabierto el debate sobre las
alternativas disponibles para fortalecer la seguridad energética y evitar escenarios de
desabastecimiento en el mediano plazo.

En ese contexto, el fracking vuelve a ocupar un lugar central en la discusión pública.
Aunque continúa siendo una técnica controvertida, la experiencia de Estados Unidos
demuestra su potencial para transformar el sector energético. El desarrollo masivo de
recursos no convencionales permitió incrementar sustancialmente la producción de
petróleo y gas, fortaleciendo la seguridad energética del país y contribuyendo a su
consolidación como uno de los principales exportadores de energía a nivel mundial.
Experiencias similares pueden observarse en países como Canadá y Argentina, donde el
aprovechamiento de recursos no convencionales ha contribuido al desarrollo de la
industria energética y ha impulsado nuevas inversiones en exploración, producción e
infraestructura.

Naturalmente, el debate no puede ignorar las preocupaciones ambientales y sociales que
acompañan este tipo de proyectos. Las inquietudes son legítimas y deben abordarse
mediante evidencia científica, regulación adecuada y mecanismos de vigilancia que
generen confianza. Sin embargo, también resulta necesario reconocer que la discusión
sobre el desarrollo de recursos no convencionales se trata también de una conversación
sobre inversiones.

Los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en yacimientos no
convencionales demandan inversiones de largo plazo y de alta intensidad de capital. Un
ejemplo de ello fue el proyecto piloto Platero, desarrollado por ExxonMobil en el Valle
Medio del Magdalena, cuya fase de investigación representó inversiones cercanas a los
USD 53 millones. De avanzar hacia una etapa de desarrollo comercial, las inversiones
asociadas en Colombia podrían multiplicarse significativamente, alcanzando alrededor de
USD 8.500 millones anuales, con efectos positivos en materia de generación de empleo,
transferencia de conocimiento, desarrollo de capacidades técnicas y mayores ingresos
para el Estado.

Precisamente por ello, uno de los factores determinantes para atraer inversionistas
internacionales es la existencia de un marco de seguridad jurídica estable y predecible.
Las compañías que evalúan proyectos de esta naturaleza no solo analizan el potencial
geológico de un país; también consideran la estabilidad regulatoria, la protección de las
inversiones y la certeza del tratamiento tributario aplicable a las operaciones
transfronterizas.

En este punto cobra relevancia la eventual celebración de un convenio para evitar la doble
imposición entre Colombia y Estados Unidos.

Los convenios para evitar la doble imposición cumplen una función fundamental en la
economía internacional: mitigan y, en la mayoría de los casos eliminan la doble
tributación, disminuyen los costos de cumplimiento, establecen mecanismos para resolver
controversias entre administraciones tributarias y otorgan mayor previsibilidad a los
inversionistas. En términos prácticos, permiten que las decisiones de inversión respondan
a criterios económicos y no a distorsiones tributarias.

Además, estos instrumentos proporcionan un nivel de estabilidad que difícilmente puede
alcanzarse mediante la legislación interna. Mientras que una norma doméstica puede ser
modificada unilateralmente por el legislador de un país, las disposiciones de un convenio
internacional solo pueden modificarse o denunciarse mediante procedimientos formales
entre los Estados parte, lo que brinda mayor previsibilidad y confianza a los inversionistas.
Ello resulta particularmente relevante en la industria de hidrocarburos, donde los
proyectos suelen estructurarse sobre horizontes de inversión que pueden superar las dos
décadas.

La experiencia colombiana demuestra que estos instrumentos han proporcionado un
marco jurídico estable y predecible para la inversión extranjera. Actualmente, Colombia
cuenta con una amplia red de convenios para evitar la doble imposición suscritos con
distintas jurisdicciones. Un ejemplo ilustrativo es el convenio celebrado con España,
firmado en 2005, que ha permanecido vigente sin modificaciones desde su entrada en
vigor. Esta estabilidad normativa ha contribuido a generar confianza entre los
inversionistas, facilitar los flujos de inversión extranjera y promover el comercio
internacional.

Por ello, si Colombia aspira a atraer el capital, la tecnología y la experiencia necesarios
para desarrollar responsablemente sus recursos energéticos, la discusión no debería
limitarse a la conveniencia de permitir o no el fracking. También debe abarcar las
condiciones institucionales y tributarias necesarias para materializar las inversiones
requeridas. En este contexto, la eventual celebración de un convenio para evitar la doble
imposición con Estados Unidos podría constituir un factor adicional para atraer capital y
experiencia técnica al sector, considerando la participación histórica de inversionistas y
compañías estadounidenses en esta industria.

Si bien la existencia de un convenio no determina por sí sola la decisión de inversión, sí
puede reducir fricciones tributarias, otorgar mayor certidumbre sobre el tratamiento fiscal
de las rentas generadas y fortalecer el marco jurídico aplicable a proyectos de largo plazo.
En una industria caracterizada por inversiones intensivas en capital y extensos períodos
de recuperación, estos elementos pueden influir significativamente en la asignación de
flujos de inversión internacional. La seguridad energética y la seguridad jurídica son, en
última instancia, dos caras de una misma moneda.

Si el país decide avanzar en el aprovechamiento de recursos no convencionales, será
indispensable contar no solo con estándares ambientales rigurosos, sino también con un
marco jurídico y tributario que proporcione estabilidad y previsibilidad a los inversionistas.
En ese contexto, la eventual negociación de un convenio para evitar la doble imposición
con Estados Unidos, una iniciativa que no ha logrado concretarse pese a los esfuerzos
realizados en el pasado, podría convertirse en un instrumento relevante para fortalecer la
competitividad de Colombia como destino de inversión en el sector energético. Al final, la
capacidad de desarrollar estos proyectos dependerá tanto de la existencia de recursos
naturales como de la confianza que el país sea capaz de ofrecer a quienes están
dispuestos a invertir en ellos.